Expertos afirman que la falta de un marco legislativo pone entre las paredes al sistema judicial y las víctimas de los feminicidios; aún así el Ministerio de la Mujer con datos de la Procuraduría contabilizaron 1,666 sentencias penales de los 9,084 casos judiciales abiertos en los primeros nueve meses del 2024
La fiscalía es el último eslabón en una cadena de decisiones difíciles. Una mujer recuerda toda la violencia sufrida al lado de su pareja durante los últimos años. Espera que su testimonio sea escuchado y evaluado por el sistema de justicia. Anhela justicia y protección.
A medida que avanza por el pasillo, la mujer siente el peso de la incertidumbre. El tribunal es el lugar donde la verdad puede prevalecer, pero también es el espacio donde la frágil frontera entre la justicia y la desconfianza se puede diluir.
De hecho, el 74.3 % de la población general considera que el Poder Judicial ayuda “mucho o algo” a erradicar la violencia contra las mujeres, de acuerdo con el Observatorio del Poder Judicial al 2021.
En la ventanilla de recepción, una secretaria le indica que se siente en una silla mientras su abogado presenta los documentos. La mujer observa atentamente el edificio: las paredes frías, los pisos de cerámica que resuenan con cada paso. Sabe que, en el proceso que está a punto de comenzar, tendrá que revivir los momentos más dolorosos de sus últimos años.
Su abogado le explica en voz baja los siguientes pasos. Habrá entrevistas, análisis de pruebas, y una declaración formal. Este es solo el inicio del proceso, le dice para tranquilizarla, aunque sabe que el camino es largo.
Con los papeles firmados y el expediente oficialmente abierto, la querella está registrada en el sistema judicial dominicano, y se suma a los 9,084 casos judiciales abiertos que registran la Procuraduría de la República y el Ministerio de la Mujer entre enero y septiembre del 2024, un 70.4 % menos que los 30,772 de igual período del año pasado.
La fiscalía, como institución encargada de la persecución de los delitos, toma el caso en sus deberes de oficio, al definir la violencia basada en género cuando existen comportamientos discriminatorios, además de un estigma basado en conceptos de inferioridad, sometimiento o subordinación por razón de género.
Sin embargo, su caso se evaluará, y será parte de las 40,533 denuncias de violencia de género e intrafamiliar que fueron puestas en el Poder Judicial desde enero hasta agosto de este año, de las cuales, 13,667 fueron clasificadas como violencia de género del Código Penal 309-1; y 26,866 denuncias de violencia intrafamiliar avaladas en el Código Penal 309-2.
Entre 2017 y 2022, la Procuraduría de la República señala 298,016 casos sometidos por diferentes tipos de violencia, de los cuales 3,582 fueron casos sometidos por el delito de violencia de género, o sea, el 1.2 %.
El portal de transparencia de la Procuraduría General de la República contabilizó 67,443 casos registrados entre enero-mayo del 2024 en las fiscalías dominicanas. De estos, la violencia de género se ubicó en séptimo lugar con una incidencia de 6.4 %, con 4,318 delitos registrados.
De ese número, mujeres como Yésica, Diana, Ramona, Daniela y Yamilka terminaron enterradas bajo 10 metros de tierra, y una lápida que dice “Descansa en paz”.
Ellas fueron parte de las 48 féminas víctimas de las decisiones de sus verdugos de arrebatarles la vida y truncar su futuro en 2024.
Las cifras son escalofriantes. Desde el 2005 hasta junio de 2024, la Procuraduría General de la República (PGR) ha registrado 3,414 homicidios de mujeres y feminicidios en el país.
Más recientemente, la División de Estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Departamento de Estadísticas y Cartografía de la Policía Nacional reportaron que, de 2023 a 2024, el 38 % de estos delitos se cometieron con armas blancas. Estos datos subrayan la brutalidad con la que muchas mujeres son asesinadas, un reflejo de la violencia estructural que persiste en la sociedad.
Condenas por violencia de género en RD: ¿Son suficientes?
Los feminicidios, la forma más agresiva de la violencia basada en género, siguen sucediendo a nivel global. Y no es para menos. La Agenda 2030 para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enfatiza que hasta el 76 % de las mujeres ha vivido episodios de violencia basada en género (VBG) en América Latina y el Caribe, por lo que sigue siendo un problema de alarmante magnitud en todo el mundo.
El contexto global resalta la gravedad de un fenómeno que no distingue fronteras y sigue exigiendo respuestas de los Estados y de la sociedad civil. Esto se debe, además, a que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981) establece que los Gobiernos deben adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otros caracteres con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer.
Pese a esto, en República Dominicana, el tratamiento jurídico del feminicidio sigue siendo una asignatura pendiente. A noviembre del 2024, el Código Penal no contempla esta figura de manera específica, por lo que los crímenes de este tipo se tipifican como homicidios, de acuerdo al Artículo 295, con una pena máxima de 30 años de prisión.
La presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur, hizo un llamado a las autoridades para fortalecer las órdenes de alejamiento también llamadas órdenes de protección, ya que muchas de las víctimas de feminicidios han utilizado este mecanismo contra sus parejas o exparejas.
“Este documento no es impedimento para cometer el crimen”, reflexiona.
Su pensamiento va acorde a las 28,338 órdenes de protección emitidas entre enero y septiembre del 2024 por la Procuraduría General de la República (PGR). A pesar de que existe este mecanismo legal, siguen sucediendo casos como el de Diana Aimé Castillo Mora, quien días antes de su muerte violenta había puesto una orden de alejamiento contra su expareja Hansel Julián Pacheco Rodríguez, de 21 años.
Pero, el abogado Jean Cristofer Pérez enunció que el rol de la justicia en todos los sistemas consiste en garantizar el acceso a la protección y reparación de las víctimas, procesar a los responsables de acuerdo con la ley, y promover la prevención de la violencia de género.
Las sanciones establecidas en el Código Penal dominicano buscan penalizar a los culpables y restituir los bienes dañados. Sin embargo, “la efectividad del sistema judicial depende de la implementación de protocolos, la rapidez en el acceso a la justicia, y la sensibilidad de los actores judiciales hacia las víctimas, pues aún en materia de prevención seguimos en pañales”.
Su homóloga, Paola Romero, ofrece un panorama similar, ya que consideró que el sistema judicial enfrenta desafíos significativos en cuanto a accesibilidad para mujeres víctimas.
Mencionó factores como la revictimización, la lentitud de los procesos, la falta de protección efectiva, y las barreras económicas o geográficas, elementos que “dificultan que muchas mujeres accedan a la justicia de manera efectiva, aunque hay esfuerzos en curso para mejorar la situación, aún queda un largo camino por recorrer”, indicó Romero.
